dilluns, 9 de febrer del 2009

Sobre la Llei d'Educació de Catalunya

La ley de educación en Catalunya: Los amos del engaño.


Son amos del engaño, enseñan una mano y ocultan la otra. Ocurre muchas veces en política. Cuando el legislador quiere abordar leyes importantes que configuran modelos de sociedad y presumen, como es el caso, el rechazo de la ciudadanía, ocultan los debates importantes utilizando fuegos de artificio. La tramitación en el Parlamento catalán de la nueva ley de Educación (LEC) es uno de estos casos flagrantes. Mientras la ley avanza en su tramitación parlamentaria, a pesar de las movilizaciones en contra de maestros y sectores educativos, el Parlament de Catalunya se enreda en debates de altura, como si se deben suprimir las bolsas de plástico en los supermercados o ( y no es un chiste, créanme es cierto) si los pescadores de rio tienen prohibido bajo sanción tirar “piedras a los peces”; en la misma sesión en un alarde de inteligencia política, un respetable legislador de ERC, clamaba desde el escaño: ” als rius catalans volem peixos catalans" en otra debatida ley, que ocupó páginas y comentarios arduos y sesudos entre los contertulios y analistas políticos, se planteó la obligación por ley de informar a los hijos “adoptados” que lo eran. Un legislador de la derecha los llama “biopijos” y no le falta algo de razón. Todos estos debates, pueriles y estériles, sirven de cortina de humo frente a los enormes retos que tiene planteada la sociedad catalana. La definición del modelo educativo es el más inmediato.


El documento previo a la ley, “Bases per a la llei d’ educació a Catalunya” tuvo una respuesta inmediata, el 14 de febrero del 2008 a pesar de las reticencias de CCOO y UGT, sindicatos minoritarios en el sector pero gracias a la presión del profesorado y del sindicato mayoritario USTEC, se consiguió que decenas de miles de personas se manifestaran contra el proyecto. El 14 de noviembre, de nuevo, cerca de 15000 personas, protagonizaron otro día de huelga y se manifestaban contra la ley a pesar de contar con la oposición a esta movilización, de la izquierda parlamentaria (EUiA-IC-V, ERC). Estas fuerzas reaccionaron de forma confusa convocando una concentración al margen de la acción mayoritaria, que reunió la friolera de entre 800 a 1000 personas. El afán de no provocar controversias en el seno del tripartito catalán es el elemento central. Sin dudar el disfrute de las prebendas institucionales y en algunos casos personales, se impone sobre la visión de país y de sociedad. La consigna está dada, no poner en peligro la gobernabilidad. La tramitación de la ley, por cierto no cuestionada por la derecha nacionalista, intentará salvar la cara frente a sus propias bases sociales.


La LEC, no es únicamente una ley de ámbito autonómica, sino que se enroca en las tendencias mayoritarias que define el modelo capitalista-neoliberal. Responde básicamente a los principios de segregación social, evaluación educativa como elemento central punitivo del quehacer pedagógico, privatización de los servicios y reducción del gasto social. Todo ello envuelto en los oropeles de la pseudo-palabrería pedagogista.


En este sentido es intercambiable con el plan de Calidad y mejora del sistema educativo diseñado por la junta de Andalucía, que entre otras muchas cosas liga el salario de los profesores al “rendimiento educativo”, mientras, paralelamente, avanza en la privatización de los servicios. La ofensiva que realiza la autonomía valenciana y la madrileña contra la enseñanza pública son dos peldaños más en esta escalera; sin olvidarnos de la presión que recibe la universidad pública con el intento de imposición del modelo Bolonia. Asistimos así a un ataque generalizado a todo lo que representa la enseñanza pública como modelo de integración social.


La ley catalana, a la que han sido presentadas miles de alegaciones, define un modelo educativo que tiende a la privatización de grandes sectores educativos, 0-3 años, formación profesional, enseñanza de adultos, actividades extraescolares… No hace nada por evitar la segregación de los alumnos emigrantes ( más del 80% de ellos se agolpan en la escuela pública) mientras potencia la competitividad entre centros a través de múltiples mecanismos como la elaboración de “rankings” de excelencia educativa, la ley obvia el concepto de igualdad de oportunidades, puesto en evidencia en infinidad de estudios ( Bonal X, Ferrer F, Escombra, M A, o (Benito, R, González, I) que señalan la relación entre resultados académicos y clase social. El horizonte deseado es sólo la privatización del sistema.


La patronal, mayoritariamente religiosa, está de enhorabuena no ha protestado, se le preservan sus privilegios e incluso los conciertos aumentan año tras año, en estos momentos más del 25% del presupuesto educativo se desvía en forma de subvenciones a centros privados-concertados. Escuelas de élite que cobran más de 600 euros mensuales, son subvencionadas con fondos públicos. Paradojas de la ley, los más pobres financiando vía impuestos las escuelas de élite de los más ricos. Se prioriza igualmente la oferta privada sobre la pública, convirtiendo ésta en subsidiaria de aquella, en definitiva se agrava la división y la fragmentación social.


Hay pues un problema de prioridad política. Catalunya destina menos en educación, el 2,8%, que la media española el 4.4% y casi la mitad que la media europea (2.8 frente a 5.2%) La LEC dibuja una escuela municipalizada, fragmentada y dispersa. Todo ello se suma a la penetración en el sistema de la empresa privada a través de modelos de patrocinio y gestión de tipo gerencial , copia del fracasado modelo anglosajón, y años luz de los sistemas inclusivos que como el finlandés son prototipos de equidad en Europa. Con esta ley, la democracia en la escuela, queda convertida en un borrón de pintura en el decorado, el objetivo perseguido, la desregularización y la individualización de las condiciones de trabajo, habrán dado un gran paso adelante.


La ley no es invención de la derecha cavernícola, sino que nace con el beneplácito de la izquierda, ésta, aupada en el estéril marco del posibilismo político, sacrifica principios y prácticas en el altar del institucionalismo parlamentario.


Los comunistas del PSUC viu rechazamos esta ley porque representa un enorme ataque a la sociedad catalana. Cuando están en juegos principios fundamentales no hay componendas que valgan. Los comunistas en Catalunya proponemos la reconquista de los valores y las tradiciones combativas de la izquierda real, aquella que es capaz de unir la reivindicación social y el marco institucional, poniendo éste al servicio de aquel. Sólo así es posible reescribir la izquierda, reencontrarla y avanzar.


Eduardo Luque Guerrero