El PSUC-Viu denuncia enérgicamente la campaña de desprestigio (una más) lanzada contra el gobierno de Venezuela a raíz de la decisión de éste de no renovar la licencia a la cadena Radio Caracas Televisión. Dejando de lado, por obsceno, el hecho de que entre los críticos más vocingleros figuren gobiernos como el de los Estados Unidos, que ha suprimido de facto el estado de derecho en su territorio con la Patriot Act, que mantiene campos de concentración fuera de toda jurisdicción, como Guantánamo, que permite y alienta los malos tratos y las vejaciones a presos en Irak y que practica (con la connivencia de otros críticos igualmente farisaicos, como nuestro propio gobierno) el secuestro y traslado ilegales de personas unilateralmente acusadas de terrorismo, queremos dejar claro que la actuación del gobierno de Venezuela entra dentro de las prácticas comunes en esta materia, según las cuales compete a la administración pública conceder y renovar las licencias de emisión por radio y televisión. Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña, donde la Generalitat tiene amplia discrecionalidad en este ámbito (como han podido comprobar reiteradamente numerosas radios libres que han visto denegado su acceso a las ondas).
En cuanto a que la motivación en este caso sea política tampoco ha de escandalizar a nadie, al menos en este país, donde ciertas cabeceras de la prensa vasca han visto cómo se las ilegalizaba de la noche a la mañana por presunta apología del terrorismo. Si la línea informativa de dichos medios vascos ha sido considerada delictiva por algunos de los que ahora critican la decisión venezolana, ¿qué habría que decir de una cadena de televisión que en su momento alentó abiertamente el golpe de estado contra el presidente Chávez y que ha atizado descaradamente el enfrentamiento civil en el país?
Una vez más se evidencia la aplicación de dos varas de medir diferentes cuando se trata de juzgar las sanciones, según quiénes sean los sancionados. En este caso, un medio de comunicación que ha dado pruebas de su connivencia con los intentos de desestabilización del régimen venezolano, cuya legitimidad ha sido machaconamente ratificada en las urnas.
En el caso de nuestros medios de comunicación resulta sintomático de esa actitud partidista el hecho de que nunca o casi nunca se hacen eco de los argumentos del gobierno de Venezuela, nunca o casi nunca aluden al contexto social de los hechos y siempre dan por buena sin más averiguaciones la versión de la oposición.
Más valiera que quienes ahora se rasgan las vestiduras por tan “abominable atentado contra la libertad de expresión” dedicaran parte de esas energías a reflexionar seriamente sobre las causas de la desmotivación política creciente de nuestras sociedades presuntamente democráticas, tal como han evidenciado las últimas elecciones municipales y autonómicas.
